“Mi hijo se está apagando”: el reclamo desesperado de una madre que espera hace 79 días el traslado de un joven con esquizofrenia

Mariela Bernales cuenta los días uno por uno. Van 79. Son 79 días desde que su hijo quedó internado en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, lejos de su casa, de su familia y del tratamiento especializado que necesita. Desde entonces, vive entre trámites, llamados, oficinas y silencios. “Mi hijo se está apagando”, dice. Y no es una metáfora.

Su hijo padece esquizofrenia. En noviembre atravesó un brote que terminó en una escena violenta y dolorosa. En medio de la crisis, el joven la agredió físicamente en la vivienda que la familia tiene en el barrio Estación Conlara, en Santa Rosa. “Soy la madre, pero también fui la víctima”, indica Mariela, que todavía hoy convive con las secuelas físicas y emocionales de ese momento. Aun así, no duda: “No es un delincuente, es un paciente”.

Después del hecho, su hijo quedó internado por protocolo médico y bajo custodia en el hospital de Villa de Merlo. Desde entonces, no se movió más. “Nos dijeron que iba a ser algo de tres o cinco días. Hoy van 79”, cuenta en diálogo con ECN. El problema, asegura, no es médico ni judicial, sino administrativo y tiene nombre: PAMI de Villa de Merlo.

Según explicó, el joven tiene domicilio en Mar del Tuyú, y es afiliado a PAMI en esa jurisdicción. “PAMI de Buenos Aires exigió que trasladen a su afiliado, pero PAMI de Merlo sigue dando vueltas y se sigue negando”, denunció.

El paso del tiempo, advierte, está teniendo consecuencias graves. “Está en un hospital común, sin atención especializada. El encierro lo está empeorando. Está peor de como ingresó”, dice. Habla de un hijo que se desorienta, que ya no logra comunicarse con claridad: “Yo hablo con él y es imposible entenderle algo de lo que trata de decir”.

La mujer recordó una frase que la marcó. Cuando fue a pedir el traslado, desde PAMI de Merlo le respondieron: “Dopalo y subilo al auto, como una bolsa de papas”. “Eso te destruye. No están viendo a una persona, están viendo un problema que quieren sacarse de encima”, afirma.

Para ella, lo que ocurre es una violación directa a la Ley Nacional de Salud Mental. “La ley dice que tiene que estar cerca de su familia, que el tratamiento tiene que ser digno. ¿Dónde está eso?”, se pregunta. “La Justicia intervino, pero las respuestas no llegan”. “Es más, se metió Recursos Humanos, porque no me quedó puerta que golpear. Se metió la Defensoría del Pueblo. Y ayer salió la intimación del juez, a donde le dan -a PAMI- 48 horas para que respondan”, dice.

Cansada de no ser escuchada, decidió exponer el caso públicamente. No por bronca, sino por desesperación. “Con el psicólogo nos pusimos de acuerdo en hacerlo público, en viralizarlo, para que alguien actúe. Yo ya no tengo a dónde ir”, confiesa.

Mariela no niega lo que pasó. No lo minimiza. “Fue grave, y yo lo padecí. Pero eso no puede justificar que hoy mi hijo esté abandonado”, sostiene. Con el cuerpo herido y el miedo todavía presente, lucha por estar cerca del joven y por que él pueda recibir un tratamiento digno: “No tengo fuerza en un brazo, no estoy bien. Pero peleo igual. Porque es mi único hijo”.

Mientras los días siguen corriendo, Mariela espera una decisión, un traslado, un gesto de humanidad: “No pido privilegios. Pido que se cumpla la ley y que mi hijo tenga una oportunidad de recuperarse”.