“Un verdadero bochorno institucional”
La sesión extraordinaria de este miércoles en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo terminó marcada por tensiones, acusaciones cruzadas y graves cuestionamientos al reglamento interno. Gastón Fonseca, ex concejal con mandato cumplido, calificó lo sucedido como “un verdadero bochorno institucional, un avasallamiento a la libertad de expresión y a la función de control que le corresponde a la oposición en cualquier sistema democrático”.
En diálogo con ECN, Fonseca aseguró que, con el retiro de la oposición, la sesión debería haber quedado automáticamente sin posibilidad de continuar, ya que no se respetó el quórum legal establecido por el reglamento interno. Además, señaló que el oficialismo incorporó, trató y aprobó un proyecto que no formaba parte del orden del día. “Es una clara violación al artículo 54 del reglamento interno, que establece que las Sesiones Extraordinarias solo pueden tratar los puntos y proyectos citados en la convocatoria”, afirmó.
En referencia al contenido del proyecto presentado por María José Álvarez, el ex concejal fue categórico: “Pedirle a la presidenta del Concejo que denuncie penalmente a la oposición por cumplir su rol, verter sus opiniones y denunciar irregularidades, que las hubieron, porque hoy no las pudieron subsanar, es un acto de intimidación institucional que avasalla lo democrático”.
Fonseca recordó que los concejales cuentan con fuero legislativo, una protección que les permite expresarse, denunciar irregularidades y cumplir su función de control sin temor a represalias judiciales. Señaló que el proyecto aprobado por el oficialismo, que instruye a la presidenta del Concejo a denunciar penalmente a la oposición, representa un intento de vulnerar esa inmunidad. “Pero si ellos establecen eso y les dicen, ‘no pueden hacer, no pueden decir lo que están diciendo por alterar la paz social’, me parece que nunca se ha visto y erosiona lo democrático”, añadió.
El ex edil definió la situación como “un atropello institucional”: “Lo conflictivo va por ahí, querer que todo el poder legislativo, porque la presidenta del Concejo Deliberante responde por todos los concejales, denuncie a sus propios pares. Es una intimidación, es insólito”.
Por último, Fonseca consideró que la sesión expuso un patrón preocupante, ya que cualquier denuncia de irregularidades por parte de la oposición podría transformarse en sanción penal: “Es un retroceso grave para la democracia y el control legislativo”.