Seis años después, la causa por la muerte de Magalí Morales tiene a dos policías detenidos
Casi seis años después de la muerte de Florencia Magalí Morales en una celda disciplinaria de la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara, la causa dio este lunes un paso importante. Tras una audiencia que se extendió durante ocho horas, el juez de Garantía N°1, Nicolás Coppola, imputó a cuatro policías que estaban de servicio el 5 de abril de 2020 y ordenó la prisión preventiva de dos de ellos.
Durante la audiencia, las defensas de los imputados plantearon nulidades sobre el proceso, cuestionando la intervención previa del Tribunal de Impugnaciones y la legalidad de las actuaciones. Sin embargo, el juez Coppola rechazó esos planteos al considerar que ya habían sido analizados y descartados en instancias anteriores, incluyendo resoluciones del Superior Tribunal de Justicia.
Los cuatro policías estuvieron presentes en la sala, pero optaron por no declarar. La audiencia se desarrolló en los tribunales de Concarán, comenzó minutos antes de las 10 y se extendió hasta cerca de las 17:30, con la exposición de la Fiscalía, la querella y las defensas.
Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la fiscal de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, Adriana Cangelosi; el fiscal de Instrucción N°1, Hugo Salazar Molina; y la fiscal adjunta Lucila Giampieri. La familia de la víctima fue representada por el abogado Federico Putelli, mientras que por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación participó Gerardo Battistón.
La audiencia fue seguida desde el interior del tribunal por Celeste Morales, una de las hermanas de Magalí, que viajó desde Mendoza para estar presente y ver cara a cara a los expolicías involucrados. Con una remera con el rostro de su hermana, siguió atentamente cada instancia.
Mientras tanto, afuera del edificio judicial, jóvenes integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos acompañaron durante toda la jornada el reclamo de justicia. En la calle se escucharon consignas que se repiten desde que se conoció el caso: “Yo sabía, yo sabía que a Magalí Morales la mató la policía y la Justicia” y “Nadie se suicida en una comisaría”.
En la zona se montó un fuerte operativo policial, con controles en los accesos y cortes de tránsito. La audiencia se desarrolló a puertas cerradas y la prensa no pudo ingresar.
Durante la exposición de la Fiscalía, se reconstruyó el recorrido de Morales desde su detención hasta su muerte. Según la acusación, fue demorada en el contexto de las restricciones por la pandemia de COVID-19 y trasladada a la comisaría, donde quedó alojada en una celda en condiciones precarias, sin ventilación y sin mobiliario.
La fiscal Cangelosi sostuvo que la detención fue arbitraria y que Morales permaneció cerca de diez horas privada de su libertad sin orden judicial, en un contexto de encierro que calificó como de tortura psicológica y física. Durante ese tiempo, según testimonios, la mujer pidió asistencia médica reiteradamente, manifestando que no podía respirar, pero no fue atendida.
Para la Fiscalía, ese cuadro derivó en su muerte, que las pericias vincularon a una asfixia mecánica. En ese sentido, planteó que el suicidio -hipótesis inicial del caso- fue consecuencia directa del trato recibido durante la detención.
Por su parte, la querella cuestionó esa hipótesis y planteó dudas sobre la posibilidad material de que Morales se haya quitado la vida en la celda, señalando irregularidades en las pericias, en la autopsia y en la preservación de pruebas. También sostuvo que las condiciones de detención fueron degradantes y que existió un contexto de violencia previa.
Con esta resolución, la causa entra ahora en una nueva etapa de investigación que podría conducir, finalmente, a un juicio oral por uno de los casos más sensibles ocurridos en la provincia durante la pandemia.
En la zona se montó un fuerte operativo policial, con efectivos desplegados en los alrededores, controles en los accesos y cortes de tránsito en las calles circundantes al edificio judicial. Además, la prensa no pudo ingresar a la audiencia, que se desarrolló a puertas cerradas.
También participó de la jornada el diputado nacional Carlos Almena, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien señaló que su presencia tuvo como objetivo corroborar que el proceso se desarrollara respetando las garantías del debido proceso.
Con esta resolución, la causa entra ahora en una nueva etapa de investigación que podría conducir, finalmente, a un juicio oral por uno de los casos más sensibles ocurridos en la provincia durante la pandemia.