Organizaciones sociales, ambientales y gremiales se plantan contra el RIPEE y cuestionan el rumbo económico de Poggi

La presentación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), anunciada por el gobernador Claudio Poggi como una herramienta para atraer inversiones y generar puestos de trabajo, sumó este martes un nuevo foco de resistencia. Organizaciones ambientales, sindicales, barriales y sociales de distintos puntos de la provincia se reunieron en la ciudad de San Luis para expresar públicamente su rechazo a la iniciativa y advertir sobre sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales.

La actividad se desarrolló en el predio de Terrazas del Portezuelo, sede del Gobierno provincial, donde representantes de las Asambleas Socioambientales de San Luis,  Asamblea por el Agua del  Noreste de San Luis, ATE, La Poderosa, La Chispa y otras organizaciones dieron lectura a un documento conjunto en el que cuestionaron los anuncios realizados por el Ejecutivo en torno al futuro régimen de promoción económica.

El planteo apunta al corazón de la propuesta oficial. Según sostienen las organizaciones, el RIPEE profundiza una estrategia basada en beneficios impositivos, subsidios y garantías para grandes empresas, sin establecer mecanismos claros para fortalecer a los actores económicos locales. En ese sentido, advirtieron que la Provincia podría resignar recursos fiscales y patrimonio público con la expectativa de captar inversiones cuya llegada depende, además, de la evolución de la economía nacional.

Las críticas también alcanzaron el modelo de desarrollo que, según entienden, subyace detrás de la iniciativa. Los referentes cuestionaron la participación de organismos externos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la CEPAL y el Consejo Federal de Minería en la planificación de políticas estratégicas para San Luis. Consideran que las decisiones vinculadas al uso del agua, la energía, el territorio y los bienes naturales deben construirse con participación de las comunidades, universidades y organizaciones que conocen la realidad provincial.

La preocupación ambiental ocupó un lugar central durante la conferencia. Las organizaciones interpretan que los anuncios oficiales abren la puerta a proyectos extractivos de gran escala y señalaron especialmente la posibilidad de avanzar sobre iniciativas mineras. También manifestaron inquietud por la eliminación de la Secretaría de Ambiente y su transformación en una dependencia de menor rango dentro del Ministerio de Producción, una decisión que consideran un retroceso institucional.

Pero el documento no se limitó a las cuestiones ambientales. Los dirigentes vincularon la discusión sobre el RIPEE con la situación económica que atraviesan amplios sectores de la población. Señalaron que los salarios de los trabajadores estatales, municipales y docentes sufrieron un fuerte deterioro en los últimos años y sostuvieron que cualquier estrategia de desarrollo debe contemplar mejoras concretas en las condiciones laborales y en el poder adquisitivo de los ingresos.

En la misma línea, advirtieron sobre la situación que enfrentan pequeñas y medianas empresas, comercios y emprendimientos turísticos. Según plantearon, mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en atraer grandes inversiones, numerosos sectores productivos locales atraviesan dificultades económicas sin recibir herramientas equivalentes de apoyo.

Más allá de las críticas puntuales al contenido del proyecto, el pronunciamiento dejó entrever una disputa más amplia sobre el modelo de provincia que se pretende construir. Las organizaciones reclaman una mayor participación ciudadana en las decisiones estratégicas y cuestionan que las principales definiciones económicas se adopten sin instancias de debate público.

El RIPEE todavía no ingresó formalmente a la Legislatura provincial, pero su sola presentación ya comenzó a ordenar posiciones. Mientras el oficialismo lo presenta como una oportunidad para reactivar la economía y generar empleo, sectores sociales, ambientales y sindicales buscan instalar una discusión sobre los costos, beneficiarios y consecuencias de ese modelo de desarrollo.

Con ese objetivo, adelantaron que intentarán llevar el debate al ámbito legislativo cuando el proyecto sea enviado para su tratamiento y convocaron a la ciudadanía a involucrarse en una discusión que, aseguran, definirá el futuro económico y ambiental de San Luis.