El Gobierno busca reformar el empleo público con cambios en ingresos, evaluaciones y salarios
El Gobierno nacional avanza en una reforma del empleo público que apunta a modificar las reglas de carrera de los trabajadores de la Administración Pública nacional. La iniciativa contempla cambios en los mecanismos de ingreso, permanencia, evaluación, ascensos, movilidad entre áreas y composición de los salarios.
El Ejecutivo pretende instrumentar el nuevo esquema por la vía administrativa y, en principio, considera que no sería necesaria una ley específica. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que para aplicar parte de los cambios será necesario modificar el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública, por lo que la negociación con los gremios será un paso necesario.
La reforma todavía no comenzó a discutirse formalmente con los sindicatos. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que no recibieron hasta el momento una convocatoria para debatir modificaciones en la carrera de la Administración Pública central.
Desde el gremio explicaron que las convocatorias realizadas hasta ahora estuvieron vinculadas con convenios colectivos de organismos estatales alcanzados por la reforma laboral y que se encuentran bajo la Ley de Contrato de Trabajo, como PAMI y ANSES. Según ATE, esa situación no comprende a la Administración Pública central.
Qué cambios analiza el Gobierno
El presidente Javier Milei volvió a poner el tema en agenda y señaló que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una revisión de la carrera del sector público.
La propuesta oficial busca darle mayor peso al desempeño de los trabajadores en el desarrollo de sus carreras y en la determinación de sus remuneraciones. Entre los aspectos bajo análisis aparecen los criterios para ingresar y permanecer en el Estado, las evaluaciones de desempeño, los requisitos para ascender y la posibilidad de trasladarse entre distintas áreas de la administración.
También se estudia la composición de los ingresos en función de las tareas y los resultados obtenidos, además de las condiciones que podrían derivar en desvinculaciones.
De todos modos, en el Gobierno aclaran que la propuesta todavía no tiene su versión definitiva y que deberá adecuarse al marco legal vigente y a las normas que regulan las relaciones laborales dentro del Estado.
El marco vigente
El empleo público nacional está regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, homologado mediante el Decreto 214/2006, y el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecido por el Decreto 2098/2008.
La normativa vigente ya contempla mecanismos de selección para acreditar la idoneidad de quienes ingresan al Estado y establece criterios vinculados con el mérito, la eficiencia, el rendimiento y la capacitación para el desarrollo de la carrera.
Además, para acceder a la estabilidad laboral, el régimen general establece un período de prueba de 12 meses, evaluaciones satisfactorias y el cumplimiento de los requisitos correspondientes al puesto.
Con la reforma, el Gobierno busca modificar parte de esas reglas y avanzar hacia un sistema en el que la evaluación del desempeño tenga una mayor incidencia sobre la carrera y los ingresos. El desafío inmediato será abrir una negociación con los sindicatos y definir qué modificaciones pueden aplicarse por vía administrativa y cuáles requieren cambios en el convenio colectivo.