Rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia a partir de los 14 años

Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema establecido en 1980 y modifica la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser imputados por delitos previstos en el Código Penal.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, las personas mayores de 14 años podrán quedar sometidas a un proceso penal cuando sean acusadas de cometer un delito. Sin embargo, continuarán bajo un régimen especial, diferenciado del sistema penal para adultos.

La reforma establece que las sanciones deberán contemplar no solo la responsabilidad por el hecho cometido, sino también objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes.

Penas y alternativas al encierro

Uno de los principales cambios está relacionado con las sanciones. La normativa prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad.

Además, contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que se verifiquen las condiciones previstas por la ley.

La aplicación del nuevo régimen tampoco significa que todo adolescente imputado de un delito deba cumplir una pena de prisión. La normativa incorpora distintas medidas alternativas, especialmente para determinados delitos y circunstancias.

Entre ellas se encuentran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado a la víctima, reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias.

También se incorpora la amonestación como medida formal y el monitoreo electrónico para adolescentes, que podrá utilizarse para controlar el cumplimiento de determinadas disposiciones judiciales.

Dónde serán alojados los adolescentes

En los casos en que corresponda una privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y contar con personal especializado.

La normativa prohíbe que compartan espacios de encierro con personas mayores de edad. Entre las alternativas de alojamiento se contemplan institutos abiertos, establecimientos especializados de detención y, en determinadas situaciones, el arresto domiciliario.

Además, se mantiene la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en causas penales. No podrán difundirse sus nombres, apodos, imágenes, domicilio, filiación o datos que permitan identificarlos.

Mayor participación de las víctimas

El nuevo régimen también incorpora modificaciones respecto del rol de las víctimas. Tendrán participación en el proceso judicial y podrán recibir información sobre el avance de las actuaciones.

A su vez, la normativa establece la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños derivados de los hechos que se les atribuyan.

El desafío de implementar el nuevo sistema

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la capacidad del sistema judicial para afrontar el incremento de causas que podría producirse a partir de la reducción de la edad de imputabilidad.

La implementación requiere recursos humanos especializados, infraestructura y dispositivos destinados al seguimiento de los adolescentes. También se plantean desafíos vinculados con la disponibilidad de sistemas de monitoreo electrónico y la coordinación entre la normativa nacional y los sistemas procesales de cada provincia.

Para la puesta en marcha del régimen, el Congreso estableció una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.

La entrada en vigencia de la reforma abre así una nueva etapa en el sistema penal juvenil argentino, con un esquema que amplía el universo de adolescentes alcanzados por la Justicia penal, pero mantiene reglas y sanciones diferenciadas respecto del régimen aplicable a los adultos.