No habrá POT este año, el oficialismo retrocede y vuelve a la vieja 744

Hay algo que el discurso oficial intenta presentar ahora como una virtud del proceso, pero que también puede leerse como la consecuencia de un problema que estuvo desde el comienzo. El POT fue presentado como la gran herramienta para ordenar el crecimiento de Villa de Merlo hacia 2050, con una nueva normativa que reemplazaría la Ordenanza 744. El Municipio contrató a una consultora cordobesa, Estudio Estrategias, para desarrollar los estudios y propuestas y comenzó a avanzar con un proyecto que pretendía establecer las reglas del territorio durante las próximas décadas. Pero la discusión pública mostró rápidamente que no alcanzaba con presentar un documento técnico y esperar que la discusión se acomodara alrededor de él.

La comunidad empezó a reclamar participación, información y conocimiento. También aparecieron cuestionamientos sobre el agua, los servicios, las alturas, las superficies mínimas, las áreas protegidas y las condiciones para el crecimiento urbano. Y el proceso fue incorporando, una detrás de otra, las instancias que inicialmente no habían tenido el peso que ahora el oficialismo reivindica. Primero fueron las audiencias públicas. Después llegaron las mesas sectoriales. Más tarde, frente a los reclamos, los relevamientos barriales en los sectores donde el nuevo ordenamiento podía tener mayores consecuencias.

Por eso, resulta difícil leer el resultado de las encuestas como si simplemente se hubiera llegado al final de un proceso participativo diseñado desde el principio de esa manera. La participación existió, sí. Aunque es una realidad que la comunidad tuvo que empujar para ampliar esa participación. Y eso no es un detalle menor cuando se está hablando de una norma que pretende definir cómo puede crecer Merlo durante los próximos 25 años.

Ahora, el oficialismo dice que el POT no es un “plan cerrado”. Es una manera de disputar el sentido de lo ocurrido tras computarse los resultados de las encuestas realizadas en los barrios. Frente a quienes hablan de “una caída”, la respuesta es que el proyecto puede corregirse y que el 51,5% de los vecinos consultados lo considera una base aceptable. Y es cierto que ese porcentaje no rechazó el POT. Pero tampoco aprobó el proyecto tal como estaba. Dijo algo bastante concreto, que hay una base pero hay que modificarla y consensuarla.

El otro 32,9% fue todavía más contundente y planteó que se trata de un plan cerrado que no representa a su barrio. Solo el 15,6% avaló avanzar con el texto tal como está. Por eso, si se quiere evitar una interpretación simplista, el dato más preciso no es decir que el 84,4% “rechazó el POT”. Pero tampoco corresponde transformar el 51,5% en una aprobación. El resultado muestra que una amplia mayoría de los consultados no estaba dispuesta a que el proyecto avanzara sin cambios.

Y es justamente eso lo que ocurrirá.

Como ECN había anticipado con anterioridad, el nuevo Código no llegará a una aprobación durante 2026. El proyecto que debía reemplazar la 744-2000 quedó en pausa y el oficialismo ahora buscará introducir modificaciones al cuestionado y emparchado Código Urbanístico actual. El discurso puede sostener que el POT sigue vivo, que se escuchará a los vecinos y que se harán las modificaciones necesarias. Pero el dato político es que el objetivo que la propia gestión municipal tenía para este año no se cumplirá.

Y ahí aparece una coincidencia difícil de pasar por alto. La comunidad ya había obligado al oficialismo a revisar decisiones en otros frentes. Primero, con la discusión por la Cooperativa de Agua; después, con la modificación de la Ordenanza 917, luego de que la misma bancada (UCR-Avanzar) que había eliminado las audiencias públicas propusiera volver a incorporarlas. En ambos casos, el oficialismo termina revisando decisiones que había impulsado como necesarias. Con el POT ocurre algo parecido, aunque en otra escala. Tras meses de reclamos y participación, el proyecto que debía reemplazar la 744 no llegará este año y ahora también habla de escuchar, corregir y consensuar.

No es que los vecinos hayan dicho que no quieren planificación. Todo lo contrario. La discusión por el POT demostró que los habitantes quieren que Merlo tenga reglas claras para crecer. Lo que no aceptaron de la misma manera fue que esas reglas fueran definidas sin incorporar suficientemente las capacidades, conocimientos y demandas que existen dentro de la propia ciudad.

Porque la villa serrana tiene profesionales, instituciones, organizaciones y universidades que pueden aportar a una discusión territorial de esta magnitud. La pregunta que quedó flotando durante todo el proceso, pese a que se intentó instalar el discurso de la “imparcialidad”, fue por qué un plan destinado a definir el futuro de la ciudad debía apoyarse principalmente en una consultora externa y completar después, a medida que avanzaban los cuestionamientos, instancias de conocimiento y participación local que debieron ser parte sustancial desde el principio.

El problema tampoco fue solamente metodológico. Lo que estaba en discusión era el modelo de ciudad y hasta donde llegan sus recursos.

El agua apareció una y otra vez como límite. En las encuestas, el 59,7% de los vecinos consultados la ubicó como una prioridad. El 67,6% se inclinó por mantener o aumentar la superficie mínima de los lotes. Las alturas y las áreas ambientales también formaron parte de las principales preocupaciones. Y mientras el POT discutía cómo ordenar el crecimiento de Merlo hacia 2050, el propio Municipio declaró la Pre Emergencia Hídrica y la presentó como una herramienta para evaluar nuevos desarrollos urbanos en función de la disponibilidad del recurso, un mecanismo que en los hechos dejaba abierta la puerta a nuevas urbanizaciones.

Ahí aparece una nueva contradicción. Se discutía cómo hacer crecer Merlo durante las próximas décadas mientras la ciudad atravesaba una limitación concreta en uno de los recursos indispensables para ese crecimiento. Y la comunidad terminó colocando justamente el agua entre sus principales prioridades.

Después está la Sierra.

Durante las audiencias públicas, la cota 1100 se convirtió en uno de los puntos más sensibles. El oficialismo había defendido públicamente la protección de las zonas serranas bajo el lema “las sierras no se tocan” pero durante el tratamiento del POT también aparecieron alternativas relacionadas con la cota 1000 y con la necesidad de revisar determinadas restricciones. El fallo Mercau pasó a formar parte del argumento oficial para discutir hasta dónde puede llegar el Municipio en la limitación del uso de propiedades privadas.

El pronunciamiento de la Corte Suprema no ordenó urbanizar la Sierra ni obligó a Merlo a eliminar sus áreas protegidas. Lo que hizo fue exponer el límite jurídico de las restricciones que pesan sobre una propiedad cuando llegan a afectar sustancialmente su aprovechamiento. El oficialismo puede utilizar ese antecedente para revisar determinadas regulaciones. Y justamente por eso habrá que mirar con mucha atención qué modificaciones aparecen ahora en la normativa.

Porque el nuevo Código quedó frenado y la 744 vuelve a ser protagonista.

El proyecto que el Municipio presentó buscaba dejar atrás la Ordenanza 744, considerada insuficiente después de más de dos décadas de modificaciones, excepciones y cambios. Ahora, como se sabe que no podrá concretarse para el fin del año legislativo, la opción válida vuelve a ser retocar justamente esa vieja ordenanza.

Y ahí estará la verdadera discusión. No en el discurso de que “hay que planificar”, porque eso nadie lo discute. Tampoco en que “hay que escuchar”, porque el propio proceso demostró que la comunidad quiere ser escuchada. La discusión estará en qué se modifica.

Si se cambian las alturas, si se modifican las superficies mínimas, si se revisan las categorías de suelo, si se alteran las condiciones para nuevos loteos, si se flexibilizan determinadas restricciones ambientales o si se toca la regulación de las zonas serranas, allí se verá qué modelo de ciudad estaba realmente detrás del POT.

Y es en este punto donde vuelve a aparecer un antecedente que sería un error dejar fuera de la discusión. A fines de 2024, cuando Juan Álvarez Pinto todavía estaba al frente de la intendencia, el Ejecutivo llevó al Concejo Deliberante un proyecto para cambiar de T4 a T3 la categoría de un inmueble vinculado a un emprendimiento hotelero privado. El expediente quedó sin tratamiento durante el receso legislativo. En marzo, antes de que el Concejo lo tratara, tomó estado público un desmonte realizado en ese mismo sector (Nogales y Chumamaya). Cuando finalmente se debatió, la iniciativa fue rechazada por unanimidad, incluido el bloque oficialista. En aquel momento, el la gestión había defendido el cambio con el argumento de que podía abrir la puerta a la llegada de una cadena hotelera internacional y generar desarrollo turístico.

El expediente no terminó habilitando ese mega emprendimiento, pero dejó plantada la pregunta sobre cuánto resiste una categoría de protección frente a la presión inmobiliaria y los intereses económicos.

Por eso, cuando el oficialismo dice que “las sierras no se tocan”, el dato importante ya no está en la frase. Está en la letra de la norma que venga después. Si la 744 va a ser modificada, habrá que mirar qué pasa con las áreas serranas, con las cotas y con las categorías de protección. Ahí se sabrá cuánto de aquel límite ambiental permanece intacto y cuánto se flexibiliza.

También habrá que mirar algo que hasta ahora quedó en segundo plano, y que tiene que ver con cuánto costó todo este proceso y qué ocurrirá con los estudios realizados por la consultora contratada. Porque si el resultado de todo el recorrido es que no habrá nuevo Código durante 2026 y que será necesario volver a trabajar sobre la 744, la comunidad tiene derecho a conocer qué parte de ese trabajo será utilizada, qué deberá rehacerse y qué modificaciones se harán sobre lo ya elaborado.

El oficialismo puede decir que no hubo derrota, que el POT continúa y que escuchar también significa corregir. Es una interpretación política legítima. Aunque tampoco se puede borrar lo ocurrido en todos estos meses. El proyecto necesitó incorporar nuevas instancias de participación, terminó sometido a un relevamiento en los barrios y finalmente no podrá cumplir el objetivo de convertirse este año en la nueva normativa urbanística de Merlo.

La comunidad volvió a marcar un límite.

Y ahora viene la parte más importante. Ya no alcanza con decir que hay que planificar Merlo hacia 2050. Hay que mostrar qué Merlo se quiere construir.

La respuesta estará en la reforma de la 744, en las reglas para el agua, en las alturas, en el tamaño de los lotes, en las áreas protegidas y en las condiciones para los nuevos desarrollos. También en quiénes participan de esa discusión y cuánto pesa, esta vez desde el comienzo, el conocimiento producido en la propia ciudad.

El POT puede seguir vivo en los discursos. Pero el proyecto que pretendía reemplazar la 744 no llegará este año.

Después de todo lo ocurrido, quedó claro que planificar no es solamente decidir cómo crecer. También es aceptar que los vecinos pueden decir que no, que hay que cambiar y que el proyecto no puede avanzar como fue presentado.