Nos vemos en la calle

Cada 3 de junio vuelve la misma pregunta: ¿por qué seguir marchando? A once años del primer Ni Una Menos, la respuesta sigue siendo lastimosamente sencilla. Porque la violencia machista nunca paró.

Pero, reducir esta realidad a una sucesión de estadísticas sería un error. Ninguna de las más de 3.200 víctimas fatales de violencia de género registradas desde 2015 (datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven) fue un número. Eran mujeres, adolescentes, nenas, personas con proyectos, con sueños, con familias, con amistades, con una vida por delante. Eran personas cuya ausencia sigue dejando heridas que no van a dejar de sangrar.

Y, todavía así, los números importan.

Importan porque permiten ver lo que algunos prefieren ignorar. Porque transforman casos aislados en una realidad social. Porque muestran patrones, revelan fallas institucionales y obligan a los gobiernos a dar respuestas. Sin datos no hay diagnóstico. Sin diagnóstico no hay políticas públicas. Sin políticas públicas, la violencia queda librada a la suerte de quienes la padecen.

Muchas de las herramientas construidas en los últimos años nacieron precisamente de esa evidencia. Surgieron porque hubo organizaciones, familias, periodistas, profesionales y organismos del Estado que se empeñaron en registrar, medir y visibilizar una problemática que desde siempre estuvo naturalizada. Gracias a ello se impulsaron leyes, programas de asistencia, dispositivos de protección y mecanismos de acompañamiento que, con limitaciones y muchas deudas pendientes, representaron avances concretos.

Porque sí, todavía había mucho por mejorar.

Pero mejorar no debería traducirse en desmantelar, en tirar abajo todo lo que se construyó.

Hoy, buena parte del reclamo vuelve a centrarse en el retroceso de las políticas de género. Y cuando hablamos de retrocesos no hablamos solamente de programas que desaparecen o de áreas que se cierran. También hablamos de las ideas que empiezan a instalarse -y a legitimarse-.

La intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal es una de ellas. Y no porque una palabra vaya a terminar por sí sola con la violencia. El tema es otro. Si durante años las estadísticas, las investigaciones y hasta las sentencias judiciales demostraron que existe una violencia específica que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿por qué el esfuerzo parece estar puesto en dejar de nombrarla?

Porque nombrar un problema es reconocer que existe. Y reconocer que existe es el primer paso para enfrentarlo.

Lo mismo ocurre cuando el debate público se concentra en las falsas denuncias mientras cientos de mujeres siguen encontrando obstáculos para denunciar, pedir ayuda o acceder a protección. Como si el problema principal fueran quienes hablan y no las razones por las que tantas víctimas todavía callan.

La eliminación de áreas específicas, la reducción de programas de asistencia, educativos, y los permanentes cuestionamientos a los consensos construidos durante todo este tiempo conforman un escenario que alarma a quienes trabajan diariamente con víctimas de violencia.

La realidad golpea y trasciende cualquier diferencia partidaria. No se trata de defender estructuras burocráticas ni consignas ideológicas. Se trata de preguntarnos qué ocurre cuando el Estado decide retirarse de un problema que sigue existiendo y que crece.

Pero hay todavía más para alarmarse.

El reciente femicidio de Agostina dejó al descubierto una reacción social que debería interpelarnos. Una adolescente de 14 años fue asesinada y, frente a semejante horror, no faltaron quienes eligieron juzgarla. Circularon comentarios sobre su vida, su entorno, su condición social y su forma de vivir. Como si alguna de esas cuestiones pudiera explicar lo ocurrido. Como si existiera una conducta capaz de justificar la violencia extrema.

¿Tan deteriorada está nuestra sensibilidad colectiva que somos capaces de buscar defectos en una víctima antes que exigir responsabilidades a quienes ejercen la violencia?

Porque cuando una adolescente aparece asesinada y parte de la conversación pública se concentra en descalificarla, el problema ya no es solamente la violencia criminal. También es la violencia simbólica que sigue clasificando qué vidas merecen compasión y cuáles parecen valer menos.

Ninguna persona merece ser asesinada. Ninguna adolescente merece ser descuartizada. Ninguna víctima debería atravesar un juicio social después de muerta para determinar si es digna de empatía.

Por eso estar es más necesario que nunca.

No solo por las que ya no están. No solo por quienes hoy atraviesan situaciones de violencia. También por la sociedad que queremos construir. Una sociedad capaz de proteger antes que estigmatizar. De escuchar antes que sospechar. De acompañar antes que señalar.

A once años de aquella primera movilización que gritó al unísono en cada rincón del país "Ni una menos", el desafío sigue siendo el de no acostumbrarnos a los femicidios, no acostumbrarnos a las ausencias, no acostumbrarnos a los discursos que relativizan la violencia. Y tampoco, acostumbrarnos a convertir vidas humanas en simples números.

Nos vemos en la calle.

• San Luis: 17:00, frente al Correo Argentino.
• Villa Mercedes: 17:00, Plaza del Mercado.
• Villa de Merlo: 16:00, Plaza Sobremonte.