Demanda por inconstitucionalidad en marcha: vecinos de Merlo avanzan contra la 917

Durante la Audiencia Popular en Defensa del Territorio, realizada este miércoles en la Plaza Sobremonte, se anunció el avance de una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal 917/25, que redefine el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en la Villa de Merlo.

Según informó la ex diputada y ex concejala de la localidad, Ana María “Titina” Nicoletti durante su intervención, la presentación judicial, que se encuentra en su etapa final de redacción, será elevada en los próximos días ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Estará patrocinada por el abogado Saiy Fara, quien se ofreció a asumir la tarea profesional sin cobrar los honorarios correspondientes para formalizar la acción.

En la asamblea, que reunió a casi treinta expositores entre vecinos, vecinas y representantes de diversas organizaciones sociales y ambientales, se explicó que la demanda busca obtener una medida cautelar que suspenda la aplicación de la norma y, posteriormente, su declaración de inconstitucionalidad.

De acuerdo al documento difundido en el encuentro, la ordenanza 917/25 vulnera el bloque de constitucionalidad federal al “establecer un régimen de control ambiental inferior y regresivo” en comparación con las exigencias mínimas establecidas en la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) y la Ley Provincial 876/2013.

Los organizadores sostuvieron que, pese a insistentes pedidos formales, no se habilitaron instancias reales de diálogo para revisar la normativa ni se consideraron los antecedentes y argumentos presentados desde diversos espacios ciudadanos.

Durante el encuentro también se recordó que el Defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson, ya se había pronunciado sobre el tema, calificando la reforma como “incongruente” por ignorar la participación pública obligatoria.

Entre los asistentes circularon copias del texto preliminar de la demanda y un formulario para sumar adhesiones al acompañamiento colectivo de la acción judicial. La respuesta fue inmediata: en el rato que duró la asamblea, se juntaron 120 firmas.