Ratificaron las denuncias penales contra Rodríguez y Álvarez Pinto

La concejala Ana Laura Ferrarotti se presentó ante la Justicia y ratificó las denuncias penales impulsadas contra el intendente interino Leonardo Rodríguez y el intendente electo y actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, en el marco de la controversia por la licencia vencida y el presunto “vacío institucional” en la Villa de Merlo.

La edil acudió este jueves a la Fiscalía N°2, con sede en la localidad, donde fue entrevistada por la fiscal adjunta Sandra Aguirre. Allí confirmó formalmente ambas presentaciones y solicitó nuevamente que se investigue la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas sin respaldo legal, tras el vencimiento de la licencia del jefe comunal.

En sus declaraciones a ECN, Ferrarotti sostuvo que ratificó “las dos denuncias, tanto la del interino como la del intendente electo”, y dejó asentado su pedido para que la Justicia analice los actos administrativos firmados desde el 23 de diciembre de 2025 en adelante.

Además, la concejala presentó como prueba actas del Concejo Deliberante, el reglamento interno y la resolución aprobada el 4 de febrero, la cual, según sostiene la oposición, podría quedar sin efecto si prospera el pedido de nulidad de la sesión preparatoria realizada ese mismo día, ya que entienden que, de declararse inválida esa instancia, también deberían anularse la sesión extraordinaria posterior y todas las decisiones adoptadas en ella.

La primera denuncia apunta a Rodríguez por presunta “usurpación de título y honores”, al haber continuado firmando disposiciones, resoluciones y otros actos administrativos luego del vencimiento de la licencia de Álvarez Pinto. La segunda recae sobre el propio intendente electo por posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al no haber reasumido el cargo ni gestionado una nueva licencia en tiempo y forma.

Ferrarotti comunicó que desde la Fiscalía le informaron que el material será incorporado a la causa y que podría ser convocada nuevamente si es necesario ampliar la denuncia. De este modo, el conflicto político desatado en el Concejo Deliberante escala en el plano judicial, donde ahora se definirá si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación.